La Corte Penal Internacional (CPI) expresó su pesar ante la decisión de Venezuela de abandonar el organismo, una medida tomada por instrucciones gubernamentales bajo el argumento de un presunto sesgo contra países latinoamericanos y africanos. Desde su sede en La Haya, el tribunal recalcó que, aunque retirarse de un pacto global constituye una prerrogativa soberana, hasta el momento la Secretaría General de las Naciones Unidas no ha recibido el documento oficial de salida.
Conforme al marco legal establecido en el Estatuto de Roma, la institución aclaró que el país sudamericano continuará vinculado jurídicamente durante un periodo de doce meses tras el registro formal de la notificación. Durante este lapso de transición, Venezuela mantiene intactas todas sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y los procesos legales en curso sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Mientras se procesa este anuncio en un escenario de creciente presión diplomática internacional, la fiscalía internacional reafirmó que las indagaciones prosiguen firmemente desde La Haya, respaldadas por los antecedentes previos en los que la corte desestimó los recursos interpuestos por Caracas para frenar el caso.
