El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ha ejecutado una acción disciplinaria y penal contundente tras confirmarse que un grupo de funcionarios aprovechó la crisis humanitaria en La Guaira para cometer actos de pillaje. Los agentes, en lugar de cumplir con su deber de salvaguardar a las víctimas del sismo del pasado 24 de junio, se dedicaron a despojar a los damnificados de sus pertenencias y dinero entre los escombros.
La respuesta institucional fue inmediata. Tras una investigación liderada por la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública, se confirmó la aprehensión de los implicados, identificados como: Maya Aguilar Reyes, Josue Jhonatan Burgos Sánchez, Fredy Rafael Lugo Oliveros y Roger Andrés Omaña.
Los cuatro sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 68° Nacional con Competencia Plena en Materia de Corrupción. La directiva del CICPC confirmó la expulsión «definitiva e irrevocable» de los exfuncionarios, calificando su conducta como una traición al juramento policial y un acto que vulnera la integridad de quienes más necesitan ayuda en este momento.
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reiteró que la política del Estado ante estos delitos es de «cero tolerancia». «Quienes se aprovechan del dolor ajeno y deshonran el uniforme deben responder con todo el peso de la ley», sentenció el titular, garantizando que el proceso judicial será ejemplarizante.
Por su parte, el director general del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, enfatizó que la institución no permitirá que conductas individuales empañen el esfuerzo de los miles de funcionarios que actualmente trabajan en las labores de rescate y auxilio en las zonas afectadas.
La institución policial destacó el rol crucial de la contraloría social en este procedimiento. Gracias a las denuncias oportunas y al material probatorio entregado por ciudadanos afectados, fue posible desarticular este grupo delictivo rápidamente. Las autoridades exhortan a la población a seguir reportando cualquier irregularidad que atente contra los protocolos de asistencia y el orden público durante esta emergencia nacional.
