En el marco de una gira por el estado Falcón, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el inicio formal de negociaciones directas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo primordial de este acercamiento diplomático es lograr el desbloqueo de 5.000 millones de dólares correspondientes a los Derechos Especiales de Giro (DEG) que pertenecen a la nación y que permanecían retenidos.
Durante un encuentro con diversos sectores sociales y políticos de la entidad falconiana, Rodríguez confirmó haber sostenido una conversación con la directora general del organismo financiero, la doctora Kristalina Georgieva. En dicho intercambio, la mandataria enfatizó la urgencia de que Venezuela acceda a sus recursos financieros para avanzar en la agenda de recuperación nacional, marcando un hito en el regreso del país a la dinámica del organismo multilateral.
La planificación gubernamental contempla que, una vez liberados los fondos, estos sean inyectados directamente en la rehabilitación de servicios públicos críticos. Rodríguez detalló que la prioridad absoluta será la infraestructura vital, específicamente en las áreas de electricidad y agua, sectores que requieren inversiones de gran escala para su estabilización definitiva tras años de dificultades operativas.
Además del componente de infraestructura, la presidenta encargada subrayó que los recursos serán un pilar fundamental para la estabilización macroeconómica. Según lo expuesto, el Ejecutivo Nacional planea utilizar este capital para fortalecer el sistema cambiario y robustecer las reservas internacionales, lo que permitiría generar un entorno económico más sólido que se traduzca en una mejora paulatina y sostenible del ingreso real de los trabajadores venezolanos.
Finalmente, Rodríguez recordó que el acceso a estos fondos no es una petición nueva, sino que ha sido un punto recurrente en las mesas de diálogo político celebradas en Barbados, México y Catar. No obstante, lamentó que acuerdos previos no fueran respetados por las contrapartes, lo que ha obligado al Gobierno a emprender esta nueva ofensiva diplomática para reclamar lo que definió como un derecho legítimo del pueblo venezolano ante la arquitectura financiera global.
