La industria petrolera venezolana consolida su recuperación con cifras récord. Según el último informe de la OPEP, la producción de crudo alcanzó en abril un promedio de 1.136.000 barriles por día (bpd), lo que representa el tercer mes consecutivo de crecimiento y un hito para la estrategia de apertura económica del país.
Este incremento del 3,7% respecto a marzo refleja un salto sostenido del 22,9% desde enero de 2026, cuando el bombeo se ubicaba en 924.000 bpd. Este fenómeno es atribuido a un giro radical en la política de hidrocarburos, impulsado por reformas legales que incentivan el capital privado y que analistas definen como el desmantelamiento del modelo estatista tradicional.
El repunte operativo cuenta con el respaldo de un reciente acercamiento diplomático con la administración de Donald Trump. La visita del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a Caracas, fue clave para establecer una asociación energética a largo plazo que ha facilitado el retorno de grandes transnacionales interesadas en las reservas probadas de Venezuela.
En el ámbito financiero, las proyecciones de la ONU indican que el país podría percibir más de 22.000 millones de dólares por exportaciones petroleras este año. Esto supondría un salto superior al 50% frente a los ingresos de 2025, devolviendo a Venezuela un peso estratégico en el mercado global tras cinco años de crecimiento desde su punto más bajo en 2021.
Sin embargo, el éxito macroeconómico contrasta con la realidad social en las zonas petroleras. Pese a que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, incrementó las bonificaciones a 240 dólares, los sindicatos mantienen una agenda de protestas activa. Los trabajadores denuncian que la crisis de ingresos persiste y que los bonos no resuelven el problema de fondo del sueldo mínimo mensual.
