El magisterio del estado Lara protagonizó este miércoles 10 de junio una contundente jornada de protesta al registrar un 80% de participación en el paro general de educadores, convocado por las federaciones signatarias de la II Convención Colectiva. Hilda Peña, secretaria general del Sindicato de Maestros de la región (Sinvemal), aplaudió la valentía del gremio y aseguró que el ausentismo masivo en las aulas demostró que la dignidad de los profesores no se negocia, logrando vencer el miedo que las autoridades intentaron infundir en las instituciones.
La respuesta de los docentes varió según las regiones, pero mantuvo una fuerza crítica en los principales centros urbanos. Los reportes oficiales del sindicato reflejaron una paralización del 80% en los municipios Iribarren, Palavecino y Jiménez, seguidos de cerca por Morán con un 65%, Torres con 60% y Crespo con un 50%. En menor medida, las localidades de Andrés Eloy Blanco y Urdaneta registraron un 35% y 10% de ausencia, respectivamente. La dirigente gremial extendió un agradecimiento especial a las familias de los estudiantes, cuyo apoyo impidiendo la asistencia a clases validó que esta lucha por mejores condiciones es un reclamo que comparte toda la sociedad.
Desde Sinvemal recordaron que se llegó a esta medida extrema tras haber agotado, sin éxito, todos los canales de diálogo con el Ejecutivo nacional y regional. Las exigencias del sector se concentran en cuatro peticiones urgentes: la firma inmediata de la III Convención Colectiva con sueldos reales en lugar de bonificaciones que destruyen las prestaciones; la restitución de los beneficios contractuales eliminados, incluyendo el bono de profesionalización y el cesta ticket para jubilados; la recuperación de la infraestructura escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE); y el cese inmediato al acoso laboral.
Finalmente, Peña denunció públicamente que ya han recibido reportes sobre directores y supervisores que están elaborando listas ilegales con los datos de los educadores que se sumaron al paro para levantar actas sancionatorias y suspender salarios. Ante esto, la vocera advirtió que el derecho a la huelga está plenamente consagrado en la Constitución y que cualquier procedimiento arbitrario será denunciado como una flagrante violación a los derechos humanos. El sindicato ratificó que las acciones legales continuarán con firmeza bajo una premisa ineludible: los docentes ya no pueden seguir financiando la educación pública de su propio bolsillo.
