El ajedrez político venezolano enfrenta una cuenta regresiva que expira a principios del próximo mes. La organización Suma Venezuela, bajo la vocería del exdiputado Freddy Pérez, encendió las alarmas institucionales al recordar que el venidero 2 de julio expira de forma definitiva la prórroga constitucional de 90 días contemplada para resolver la ausencia en la jefatura del Estado.
El bloque opositor sostiene que la Asamblea Nacional no podrá postergar más una decisión crucial: o asume la declaración formal de la falta absoluta para encauzar legalmente el país, o convalida una extensión que dejaría al Ejecutivo en el terreno de la total ilegalidad. El exparlamentario alertó que cruzar ese límite sin respuestas institucionales transformaría la gestión actual en un gobierno de facto, asestando un golpe directo a la Carta Magna que multiplicaría el deterioro social y económico.
La radiografía presentada por Suma Venezuela también cuestiona con dureza el rol que ha jugado la Casa Blanca en el tablero local. Pérez aseveró que, desde el pasado 3 de enero, la administración estadounidense dirige las principales directrices económicas y políticas de la nación bajo intereses energéticos propios, calificando la dinámica como una intervención de corte neocolonial.
A casi medio año de haberse ejecutado la incursión militar que buscaba remover a Nicolás Maduro para instaurar una gestión interina, el balance de la organización civil es adverso. El dirigente enfatizó que la inestabilidad jurídica provocada por quienes saquearon las finanzas públicas bloquea la llegada de capitales internacionales reales, dejando al país en un limbo que frena cualquier asomo de recuperación.
Como alternativa para disolver el estancamiento político antes del colapso del plazo constitucional, la plataforma plantea a la Casa Blanca, específicamente a Donald Trump y Marco Rubio, abandonar las fórmulas genéricas de presión y abrir paso a una estrategia adaptada a la realidad del terreno. La propuesta se fundamenta en un pacto unitario asentado sobre dos bases urgentes:
- Coalición provisional: Estructurar un Ejecutivo de transición a partir del 2 de julio, el cual debe nacer de una negociación directa entre las fuerzas de Miraflores, la oposición y el gobierno de los Estados Unidos.
- Misión única: Concentrar todos los esfuerzos de este gobierno provisional en la publicación inmediata y el diseño del cronograma electoral definitivo que demanda la ciudadanía.
Desde la perspectiva de Suma Venezuela, el establecimiento de este acuerdo tripartito es el único mecanismo viable para proyectar seriedad en los mercados internacionales, transformando las promesas de apoyo exterior en inversiones tangibles que reactiven el aparato productivo.
