Lo que comenzó como una noche de esparcimiento el pasado fin de semana en el este de Barquisimeto, terminó en un auténtico escándalo policial que hoy mantiene tras las rejas a seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). La tarde de este martes 2 de junio, el Tribunal de Control del Estado Lara dictó medida judicial preventiva de privativa de libertad contra los uniformados, tras ser señalados de extorsionar, vejar y agredir a un grupo de ciudadanos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ dentro de un establecimiento comercial de la zona.
Los hechos se desencadenaron en un local de entretenimiento y baño sauna ubicado en la calle 14 entre carreras 18 y 19 de la capital larense. De acuerdo con las denuncias consignadas por las víctimas, los funcionarios policiales ingresaron de forma irregular al recinto sin contar con una orden judicial que respaldara el procedimiento. Una vez en el interior, los oficiales sometieron presuntamente a los presentes con insultos homofóbicos, amenazas y tratos degradantes, exigiéndoles el pago de altas sumas de dinero en divisas norteamericanas a cambio de no procesarlos ni exponer sus identidades públicamente.
La presión generada por las víctimas y la posterior difusión de la flagrante extorsión motivó la intervención inmediata de los órganos de investigación penal, logrando la captura de los efectivos implicados. En la audiencia de presentación, la Fiscalía 21° del estado Lara en conjunto con la Fiscalía 98° Nacional, ambas con competencia en la defensa de los Derechos Humanos, consignaron el expediente y las evidencias recabadas, solicitando formalmente mantener tras las rejas a los investigados debido a la gravedad del abuso de poder cometido.
El Tribunal de Control de la entidad, tras evaluar los elementos de convicción presentados por los fiscales del Ministerio Público, ratificó la medida restrictiva para los oficiales, quienes quedaron plenamente identificados como Smith Alexander Ochoa Vargas, Andrea Nazareth Díaz Polanco, Darwin Moisés López Dehoy, José Alejandro Giménez Aponte, Orlando Leavi Camacaro Hernández y Richard Antonio Pacheco Guevara. A los hoy privados de libertad se les imputaron los cargos penales de trato inhumano o degradante, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, constricción para obtener sumas de dinero y agavillamiento.
Aunque la rápida respuesta del sistema de justicia envía un mensaje contundente contra la corrupción y la homofobia institucionalizada, el suceso generó un profundo repudio en la colectividad barquisimetana. Diversas organizaciones de derechos humanos y movimientos de la sexodiversidad en el estado Lara manifestaron mantenerse en estado de alerta, exigiendo que el proceso penal avance sin dilataciones procesales hasta obtener una sentencia condenatoria ejemplar que ponga freno definitivo a los atropellos policiales.
