El Gobierno de Colombia oficializó este miércoles la extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como alias ‘Larry Changa’, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua. La decisión, formalizada mediante la Resolución 245 de 2026, responde a una solicitud de la justicia chilena, que lo requiere para enfrentar cargos por asociación ilícita, secuestro y otros delitos graves asociados al crimen organizado transnacional.
Tras su captura hace exactamente dos años en el departamento del Quindío, ‘Larry Changa’ ha permanecido recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá. Con la firma de esta resolución por parte del presidente Gustavo Petro, se despeja el camino para su traslado a Chile, dejando sin efecto una solicitud de extradición previa que había sido presentada por Venezuela en 2025.
La resolución incluye garantías fundamentales, estableciendo que el extraditado no podrá ser sometido a torturas, desaparición forzada, penas de destierro ni prisión perpetua, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El prontuario de Álvarez Núñez lo posiciona como una de las figuras clave de la expansión del Tren de Aragua por el continente. Sin embargo, su estancia en prisión en Colombia estuvo marcada por un polémico intento de buscar beneficios judiciales: en noviembre de 2025, solicitó formalmente al Ejecutivo colombiano ser designado como «gestor de paz». El presidente Petro desestimó la petición, cuestionando tanto la seriedad del documento como la legitimidad de quien pretendía actuar como portavoz de una organización criminal que, desde julio de 2024, figura en la lista de sanciones de Estados Unidos.
La extradición de ‘Larry Changa’ es vista como un golpe significativo contra la cúpula de esta megabanda de origen venezolano, responsable de actividades como la extorsión agravada, el tráfico de armas, el lavado de activos y el secuestro en diversos países de la región. Aunque el proceso aún requiere coordinaciones finales entre las cancillerías de ambos países para concretar el traslado, la autorización presidencial marca un hito en la cooperación judicial entre Colombia y Chile en su lucha contra el crimen organizado transnacional.
