La promesa gubernamental de erradicar de forma definitiva las extorsiones en las vías públicas parece haberse quedado estancada en los despachos oficiales. Conductores de Barquisimeto sostienen que el denominado «matraqueo» por parte de los cuerpos de seguridad sigue operando como una práctica diaria en las calles del estado Lara, convirtiéndose en un dolor de cabeza incluso para aquellos ciudadanos que circulan con sus papeles en regla.
Esta preocupante situación choca de frente con las directrices emanadas desde el Ejecutivo nacional, donde se ha ordenado repetidamente el desmantelamiento de alcabalas improvisadas y se ha exigido castigos severos contra los uniformados que cometan abusos. No obstante, en las avenidas larenses, la realidad de los choferes y motorizados discurre por un camino muy diferente.
Bajos salarios y la búsqueda de infracciones rebuscadas
Ciudadanos consultados en las zonas céntricas de la capital larense coinciden en que la crisis económica que pulveriza los sueldos del sector público funciona como el principal dinamizador de esta problemática. Quienes transitan la ciudad explican que los funcionarios policiales —con especial énfasis en los efectivos de la policía municipal— buscan cualquier pretexto normativo para presionar económicamente a los conductores que intentan cumplir la ley.
Entre las excusas más recurrentes utilizadas en los puntos de control para amedrentar a la población y exigir dinero en efectivo o transferencias se encuentran la falta de pago de los impuestos vehiculares locales (los conocidos trimestres), la ausencia de placas, el no usar casco en el caso de las motocicletas o detalles más específicos de equipamiento. El impago de los trimestres suele usarse para amenazar con el remolque inmediato del automóvil hacia un estacionamiento judicial, mientras que la falta de un extintor de incendios dentro de la unidad se convierte en la excusa perfecta para exigir el pago de los denominados «frescos» a cambio de no emitir la sanción correspondiente.
Acoso psicológico en las vías sin distinción de género
La problemática en el territorio barquisimetano ha escalado más allá del perjuicio puramente económico, mutando hacia escenarios de violencia psicológica y amedrentamiento constante que afectan la tranquilidad familiar de los larenses. Los afectados indican que los uniformados aplican mecanismos de presión agresivos que no discriminan por razones de género.
Testimonios locales refieren que mujeres trabajadoras, como las visitadoras médicas que deben recorrer obligatoriamente diversos sectores de Barquisimeto por razones laborales, son interceptadas con frecuencia por las comisiones policiales. Bajo amenazas de retención del vehículo o traslados a comandancias, las conductoras sufren el acoso en plenas vías públicas. Pese al anuncio reciente de canales telefónicos para canalizar denuncias de corrupción y extorsión, los transportistas y particulares de la entidad denuncian encontrarse desprotegidos ante un flagelo que no da muestras de detenerse en las principales arterias viales de la región.
