La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un masivo operativo militar en puntos estratégicos del estado Bolívar, ejecutando el desalojo forzoso de bandas armadas y grupos criminales que controlan los yacimientos. La movilización de tropas se produce apenas dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas, un instrumento legal diseñado por el Ejecutivo nacional con el propósito de abrir las puertas al capital extranjero y reinsertar a Venezuela con fuerza dentro del mercado internacional del oro.
Monitoreos de campo y material audiovisual verificado por la organización SOS Orinoco confirmaron que el foco del contingente militar está rigurosamente centrado en la infraestructura de producción aurífera. Las inspecciones comenzaron en el municipio El Callao, específicamente dentro de las plantas de procesamiento pertenecientes a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente adscrito al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, buscando asegurar el control institucional sobre las cadenas de procesamiento del mineral.
El epicentro de los mayores niveles de tensión y reportes de enfrentamientos continuos se ubica en el sur de la entidad, específicamente en la localidad de Las Claritas (kilómetro 88). Fuentes socioambientales señalaron que la incursión en este sector fronterizo persigue la expulsión definitiva de los grupos irregulares que por años han mantenido un dominio absoluto sobre el estratégico complejo minero Las Brisas–Las Cristinas, una de las reservas de oro y cobre más importantes de la región del Arco Minero.
Finalmente, la organización SOS Orinoco desmintió de forma categórica las especulaciones surgidas en plataformas digitales que aseguraban el ingreso de tropas militares estadounidenses en el estado Bolívar como parte de los recientes acuerdos del sector. La institución aclaró que dichas versiones carecen por completo de fundamento real, exhortando a los ciudadanos a no replicar rumores falsos y confirmando que las acciones de despeje en los yacimientos son ejecutadas de manera exclusiva por los componentes de seguridad del Estado venezolano.
