El Arco Minero del Orinoco se ha consolidado como la peor catástrofe socioecológica en la historia del continente. Así lo denunció el exministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Enrique Colmenares Finol, quien señaló que el decreto presidencial N.º 2.240, emitido en 2016 sin previa consulta a universidades, academias ni especialistas, abrió la puerta a un ecocidio sin precedentes que hoy abarca más de 111 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al 12,2 % del territorio venezolano.
La gravedad de la situación ha escalado a nivel internacional tras un intenso despliegue militar con helicópteros iniciado el pasado martes 9 de junio contra la minería ilegal, el cual ha dejado un número indeterminado de heridos. Colmenares Finol advirtió que el Estado venezolano perdió por completo el control de esta vasta e importante región, la cual ha quedado a merced de transnacionales de países como Rusia, China, Irán y Turquía, además de bandas criminales fuertemente armadas, grupos guerrilleros colombianos y facciones de la Fuerza Armada Nacional que han desplazado a las comunidades indígenas locales.
El especialista aclaró que los sectores ambientales no se oponen al aprovechamiento de los recursos minerales del sur del Orinoco —como el oro, diamantes, bauxita, coltán, rodio y tierras raras—, sino a la destrucción descontrolada del entorno. Recordó que la cuenca del Orinoco supera los 643 mil kilómetros cuadrados y es la principal fuente de agua para el desarrollo del país, por lo que su devastación pone en riesgo el equilibrio hídrico de la nación.
Finalmente, el ingeniero lamentó que un territorio de incalculable valor ecológico, que alberga formaciones geológicas tan antiguas como los tepuyes de la Gran Sabana, se haya convertido en un ejemplo mundial de destrucción en lugar de conservación. Ante las recientes operaciones en la zona, el exministro expresó su expectativa de que las medidas implementadas logren verdaderamente restablecer el Estado de Derecho, frenar la avaricia que alimenta este desastre y poner fin a las actividades ilícitas que destruyen la Amazonía venezolana.
