En un dictamen sin precedentes para la justicia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) notificó este miércoles 10 de junio una sentencia que obliga al Estado venezolano a clausurar de forma definitiva el centro de detención «El Helicoide». El tribunal fijó un plazo máximo de 18 meses para desmantelar el recinto carcelario, tras emitir un fallo condenatorio por la detención ilegal y las torturas infligidas en 2003 contra el estudiante Jorge Rojas.
El tribunal, con sede en Costa Rica, determinó por unanimidad que la icónica estructura —utilizada por décadas como base de operaciones de los servicios de inteligencia— carece por completo de las condiciones mínimas para albergar prisioneros. Ante esto, la resolución exige que el traslado de la población reclusa actual se ejecute de manera inmediata, bajo un estricto apego a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para blindar su integridad y derecho al debido proceso.
- Patrón sistemático de abusos: Para decretar la clausura, los magistrados validaron múltiples informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU, concluyendo que en El Helicoide se ejecutan prácticas sistemáticas contrarias a la dignidad humana, incluyendo torturas físicas y psicológicas bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
- El detonante (Caso Jorge Rojas): El litigio se remonta al 19 de septiembre de 2003, cuando la antigua DISIP arrestó arbitrariamente al universitario de entonces 30 años durante una manifestación opositora en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas.
- Censura y tortura estatal: La CorteIDH responsabilizó formalmente al Estado por violar la libertad de expresión, el pensamiento y los derechos políticos del estudiante, quien además sufrió severos tormentos en los calabozos del edificio.
Los jueces internacionales enfatizaron la gravedad de que, a pesar de haber transcurrido más de dos décadas desde el crimen de Rojas, el sistema judicial venezolano jamás investigó ni sancionó a los funcionarios responsables de los atropellos.
Con esta resolución, el órgano interamericano no solo impone medidas de reparación económica y moral para la víctima, sino que busca erradicar un símbolo de persecución política mediante una orden de cierre que marca un hito en la defensa de los derechos fundamentales en el continente.
