Un nuevo golpe al entramado financiero del crimen organizado sacudió el centro de Santiago de Chile este martes, luego de que efectivos de la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Sur desplegaran un sorpresivo allanamiento en la sucursal de BancoEstado ubicada en Huérfanos con Morandé. El procedimiento se ejecutó en el marco de la «Operación Tokio», una megaofensiva judicial que busca desmantelar una red de lavado de activos controlada por la megabanda transnacional Tren de Aragua, cuyos movimientos de capital bajo sospecha superan los 75 mil millones de pesos chilenos.
La inspección a las dependencias bancarias se ordenó tras revelarse la captura, el pasado domingo, de una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Rossana Magdalena Blanco Blanco, quien prestaba servicios como ejecutiva en dicha sucursal a través de una empresa externa. La vinculación de la empleada con el grupo delictivo fue confirmada públicamente por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, durante la audiencia de formalización de cargos contra un bloque de 17 imputados, instancia donde la propia defensa de la mujer sacó a la luz su ocupación laboral.
De acuerdo con las indagatorias de la policía civil, el rol de Blanco Blanco dentro de la estructura criminal abarcaba la extorsión directa a las víctimas mediante el cobro de la denominada «vacuna», así como la coacción de mujeres para obligarlas a ejercer el comercio sexual en la capital chilena. Además, las autoridades establecieron que la detenida es pareja sentimental de Joel David Díaz, otro de los procesados en la causa, acusado de extorsionar centros nocturnos de Santiago que la banda tomaba por asalto durante días para realizar fiestas clandestinas y recaudar millones con la venta de drogas y entradas.
Con este operativo, los funcionarios de la PDI incautaron equipos informáticos y documentos de la oficina donde trabajaba la ejecutiva para determinar si utilizó su puesto para facilitar el blanqueo de capitales. Este hallazgo enciende las alarmas sobre la penetración del Tren de Aragua en el sistema financiero formal chileno, ya que Blanco se convierte en la segunda empleada bancaria imputada en el caso, sumándose al también venezolano José Carlos Pérez Asencio, quien usaba su cargo como ejecutivo en el Banco Santander para desviar y mover los flujos de dinero ilícito a través de cuentas en distintas entidades.
