El gobierno de Estados Unidos dio un giro histórico en su política hacia La Habana al inculpar formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave. La acusación formal, vinculada al derribo de dos avionetas civiles en 1996, eleva al máximo la presión de Washington sobre la isla caribeña, la cual se encuentra sumida en una severa crisis económica y bajo un estricto embargo financiero.
Un juez federal de Miami levantó el secreto de sumario de este emblemático caso, una causa que por décadas ha sido una bandera de lucha para la comunidad cubana en el exilio en Florida. Raúl Castro, quien actualmente tiene 94 años, ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Defensa) cuando ocurrieron los hechos. El anuncio coincide simbólicamente con el 20 de mayo, fecha en que se conmemora la declaración de la República de Cuba en 1902, un día que genera profundas tensiones narrativas entre el exilio y el actual gobierno de Miguel Díaz-Canel.
De manera simultánea a la acusación, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, envió un mensaje en video ofreciendo una «nueva relación» directamente al pueblo cubano, al tiempo que acusó a la cúpula comunista de corrupción, opresión y de saquear miles de millones de dólares. Rubio rechazó que el colapso del sistema eléctrico de la isla —con apagones de hasta 22 horas— sea culpa del reciente bloqueo energético de Donald Trump, asegurando que la crisis se debe a la desidia gubernamental. Para mitigar el impacto en la población, Washington reiteró la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, condicionado a que sea distribuida sin intermediarios estatales a través de la Iglesia Católica u organizaciones caritativas.
