Norelkis Cepeda, de 26 años, y Cristian Camilo Úsuga, de 19 años, se convirtieron en las víctimas más recientes de una sangrienta guerra territorial en el municipio de Itagüí, Colombia. El conflicto es librado ferozmente por la estructura criminal «El Ajizal» y una facción disidente de ciudadanos venezolanos; antiguos aliados que decidieron romper relaciones para disputar el control de las rentas ilícitas del microtráfico y la extorsión en la zona limítrofe entre las veredas El Ajizal, Los Gómez y El Porvenir. Esta ola de violencia implacable ya registra un saldo parcial de siete homicidios en menos de diez días debido a la dinámica de retaliación inmediata entre ambos bandos.
Las balaceras en plena vía pública han sumido a la población rural en el terror, escalando a un punto tal que ni los espacios sagrados son respetados. El pasado fin de semana, un sacerdote tuvo que interrumpir la celebración de la eucaristía debido a los fuertes enfrentamientos armados que se desataron a las afueras del templo, obligando a los feligreses a resguardarse en medio del desespero. Ante la gravedad de la situación y el confinamiento voluntario de los ciudadanos al caer la noche, la Secretaría de Seguridad de Itagüí ordenó el cierre preventivo del comercio nocturno, mientras la Fuerza Pública despliega operativos que hasta ahora dejan dos personas capturadas.
Con el paso de las horas se conocieron detalles desgarradores sobre el asesinato de Norelkis del Carmen Cepeda Blanco, de nacionalidad venezolana, cuya muerte deja en la absoluta orfandad a cuatro niños de entre 5 y 9 años de edad. Fuentes locales señalaron que el crimen mezcla la barbarie de las bandas con la violencia de género, ya que la joven fue presuntamente ejecutada por un peligroso delincuente de la zona con quien había mantenido una relación sentimental en el pasado. La hipótesis inicial apunta a que el detonante del homicidio fue el hecho de que la víctima actualmente convivía en una vivienda con un integrante de la facción rival.
La comunidad de El Porvenir denunció que este asesinato es el trágico desenlace de un largo historial de abusos e impunidad por parte del agresor, quien meses atrás ya había violado y acosado a Cepeda. Vecinos del sector señalaron al sujeto como un depredador sexual que, bajo el amparo del brazo armado de la organización ilegal, sometía constantemente a múltiples jóvenes de la zona, en su mayoría migrantes venezolanas de entre 18 y 25 años, intimidándolas con armas blancas. A pesar del horror, líderes comunitarios aclararon que no se trata de una campaña de «limpieza social» contra la población migrante, sino de un conflicto estrictamente enfocado en el control de las plazas de vicio.
Frente a esta severa crisis de orden público, las autoridades político-administrativas y policiales aseguraron que ya tienen plenamente identificados a los dinamizadores de la violencia. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, puntualizó que la confrontación contra esta facción de disidentes inició el pasado mes de febrero y que han desplegado todas las capacidades institucionales junto a un componente especial de inteligencia. El alto oficial confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya emitió las respectivas órdenes de captura, las cuales se materializarán en las próximas horas mediante registros, allanamientos y controles en la vía pública.
