La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció formalmente que el cese de la Ley de Amnistía constituye un «grave atropello al Estado de Derecho». A través de un comunicado, la ONG argumentó que un instrumento de esta naturaleza no puede ser clausurado mediante una decisión administrativa del Ejecutivo, ya que su vigencia debe ser inherente a la persistencia de las situaciones de persecución y detenciones arbitrarias que busca subsanar.
Para la organización, esta medida de cierre unilateral representa una ruptura de los principios legales fundamentales y genera un escenario de profunda inseguridad jurídica. JEP advirtió que la decisión deja a las víctimas en una situación de absoluta vulnerabilidad, enviando una señal alarmante al sistema judicial al instruir a los tribunales para que desestimen solicitudes de libertad bajo una premisa que, según denuncian, no existe en el ordenamiento jurídico vigente.
La ONG enfatizó que esta acción anula el principio de progresividad de los derechos humanos y profundiza la brecha de impunidad en el país. Según el análisis de la organización, la finalización arbitraria de la normativa confirma que la ley fue utilizada como un ejercicio de retórica política, en lugar de servir como una herramienta genuina para garantizar la libertad de los presos políticos en Venezuela.
Finalmente, Justicia, Encuentro y Perdón recordó que la libertad y la justicia no tienen fecha de caducidad y no deben ser sacrificadas por conveniencia política. La organización subrayó que una reconciliación nacional verdadera solo es posible mediante el cumplimiento estricto de la ley y una reforma judicial transparente que garantice justicia real y efectiva, sin restricciones arbitrarias a los derechos ciudadanos.
