El Gobierno Nacional, a través del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, inició este lunes 20 de abril la evaluación formal para otorgar medidas alternativas a la privación de libertad a un grupo de 51 ciudadanos. Esta iniciativa surge tras una solicitud expresa del Ministerio Público y tiene como objetivo principal fortalecer la convivencia democrática y facilitar el reencuentro entre los diversos sectores de la sociedad venezolana, según detalla el comunicado oficial emitido por el Ejecutivo.
La medida está dirigida específicamente a personas que se encuentran procesadas o condenadas por su participación en delitos tipificados en el ordenamiento jurídico nacional, vinculados a atentados contra la institucionalidad democrática, la paz pública y el desarrollo de la República. El Sistema de Justicia Penal será el encargado de analizar cada caso para determinar la viabilidad de los beneficios procesales, garantizando que el procedimiento se ajuste a las normativas legales vigentes.
En el texto oficial, el Estado venezolano ratifica su voluntad de seguir implementando acciones que favorezcan el fortalecimiento del tejido social de la nación. La administración subrayó que este paso es considerado un requisito indispensable para avanzar en la consolidación de la estabilidad política y la preservación de la soberanía nacional, buscando mitigar las tensiones internas a través de mecanismos de justicia contemplados en la ley.
Finalmente, el Ejecutivo destacó que esta decisión reafirma el compromiso de las instituciones con la paz ciudadana. Al adoptar estas medidas de gracia y beneficios procesales, el Gobierno busca generar condiciones de confianza que permitan transitar hacia una etapa de mayor entendimiento político, manteniendo siempre como premisa el respeto a la institucionalidad y la seguridad del Estado.
