La justicia venezolana logró desarticular un ambicioso plan de extorsión ejecutado por Liz Nayanka Pérez De Brito, una mujer de 40 años que aprovechó su posición de confianza para arremeter contra la empresa donde trabajaba. Según detalló Douglas Rico, director del Cicpc, la ciudadana se valió de su cargo como administradora para sustraer indebidamente un equipo de computación que resguardaba el patrimonio intelectual y financiero de la organización. Este dispositivo contenía no solo estrategias corporativas confidenciales, sino también registros contables críticos para la operatividad de la compañía.
Una vez con la información en su poder, Pérez De Brito inició un asedio sistemático contra los propietarios, exigiéndoles la astronómica suma de 100.000 dólares en efectivo y un vehículo de lujo valorado en 40.000 dólares. La coacción se basaba en una doble amenaza: por un lado, la eliminación definitiva de todos los respaldos financieros de la empresa y, por otro, la filtración de datos sensibles de los directivos con el único propósito de socavar la credibilidad de la institución y difamar su reputación en el mercado.
Tras la denuncia interpuesta por las víctimas, los detectives de la Delegación Municipal La Guaira realizaron las pesquisas técnicas que confirmaron el ciclo de amenazas y la apropiación ilícita de los activos digitales. La sospechosa fue capturada en la entidad costera y trasladada a los calabozos policiales, quedando formalmente bajo la jurisdicción del Ministerio Público, organismo encargado de conducir el proceso penal por este intento de desfalco y sabotaje corporativo.
