Con el objetivo de buscar soluciones estructurales a los constantes racionamientos que castigan con mayor fuerza a las regiones del interior del país, se ha presentado formalmente un conjunto de cinco garantías institucionales para reformar el marco legal del servicio eléctrico. La propuesta legislativa busca modificar directamente el articulado de la ley actual para abrir las puertas al capital privado, descentralizar las competencias y dotar de autonomía técnica a las regiones, rompiendo así el centralismo en la toma de decisiones.
Entre los puntos más destacados de la propuesta se encuentra la transferencia de competencias a gobernaciones y alcaldías, permitiéndoles gestionar redes secundarias y proyectos locales de generación de energía menores a 50 megavatios. Asimismo, la estrategia contempla un plan de incentivos fiscales que establece arancel cero para la importación de equipos de autogeneración solar o eólica y rebajas tributarias por cinco años para los comerciantes que inviertan en resguardar sus cadenas de producción.
El plan también prioriza el ámbito social y la seguridad de las inversiones. Para ello, se plantea blindar una tarifa social base que proteja a hospitales, sistemas de bombeo de agua y sectores vulnerables ante cualquier ajuste técnico, además de garantizar por ley la no confiscatoriedad para atraer inversionistas privados dispuestos a reconstruir la infraestructura. Finalmente, la reforma propone otorgar facultades legales a universidades, gremios profesionales y comités de usuarios para que realicen contralorías civiles vinculantes y auditen las fallas en tiempo real, abriendo el camino para la compensación directa a los ciudadanos
