A partir de este viernes 12 de junio, España dejará de otorgar y renovar la residencia temporal por razones humanitarias, una medida de protección internacional que benefició a miles de ciudadanos venezolanos en los últimos años. El Ministerio del Interior español confirmó el cambio mediante un comunicado oficial, explicando que la suspensión responde a la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, el cual redefine las políticas migratorias de todo el bloque comunitario.
Este visado humanitario especial fue activado en el año 2018 como una válvula de escape institucional ante la avalancha de solicitudes de asilo y las bajas tasas de aprobación del estatuto de refugiado formal. Desde su implementación, el mecanismo permitió regularizar y otorgar permisos de trabajo a cerca de 240.000 venezolanos. Ante el nuevo escenario legal, las autoridades españolas advirtieron que los ciudadanos que actualmente poseen este estatus no podrán renovarlo ni solicitar reagrupación familiar, por lo que instaron a los afectados a migrar hacia otras modalidades de autorización de residencia y trabajo vigentes en la legislación general.
Paralelamente, la normativa comunitaria estrena un estricto procedimiento de control en las fronteras y costas españolas. Desde este viernes, las solicitudes de protección internacional de migrantes que ingresen de forma irregular se resolverán en un lapso máximo de 12 semanas. Mientras dure la evaluación del caso, los solicitantes no recibirán autorización de entrada al territorio nacional y deberán permanecer en instalaciones especiales habilitadas por el Estado, aclarando que no estarán privados de libertad de forma penal.
El Gobierno español enfatizó que si la solicitud de asilo bajo este nuevo esquema fronterizo es denegada, se procederá inmediatamente al retorno, denegación de entrada o devolución del migrante a su país de origen. No obstante, el Ministerio del Interior aseguró que el proceso mantiene un enfoque de plenas garantías legales, incluyendo asistencia jurídica obligatoria, la intervención directa de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la opción formal de reexamen para evaluar cada expediente.
