La justicia internacional cruza una frontera inédita en el caso venezolano. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU calificó como un «avance judicial clave» la primera solicitud de extradición formal vinculada a las investigaciones por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país durante las oleadas de protestas del año 2014.
El pronunciamiento del organismo multilateral se produce tras la histórica decisión de un tribunal federal de Argentina, el cual solicitó formalmente a las autoridades de España la entrega del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles. El exoficial, acusado de asesinato por la represión de aquellas manifestaciones, forma parte de una lista de 14 mandos de la GNB denunciados en 2023 por la organización Inter-Just.
Este inédito proceso penal avanza bajo el principio de jurisdicción universal, una herramienta jurídica que faculta a los tribunales de cualquier país a investigar y sancionar delitos internacionales graves, sin importar la nacionalidad de las víctimas o el territorio donde se cometieron. Al respecto, la Misión de la ONU enfatizó que las fronteras ya no servirán de refugio para quienes diseñaron y ejecutaron la violencia institucional.
A través de sus informes técnicos, los investigadores de las Naciones Unidas determinaron de forma detallada que las acciones del Estado frente a las masivas movilizaciones de 2014 —ocurridas en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas bajo la presidencia de Nicolás Maduro— no fueron excesos policiales aislados.
Por el contrario, la evidencia recopilada acredita un patrón sistemático de violencia de Estado que respondía a una línea de mando directa desde la cúspide del Poder Ejecutivo, ejecutada con la complicidad de sectores judiciales, la GNB y los cuerpos de inteligencia. La ONU constató el uso de munición real contra manifestantes desarmados, la coordinación con colectivos civiles armados para amedrentar a la población y una política de detenciones arbitrarias masivas donde cientos de estudiantes sufrieron torturas y violencia sexual.
Establecida originalmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, la Misión Internacional Independiente opera actualmente bajo una prórroga de su mandato que expira en septiembre de 2026.
Con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas, el equipo de expertos de la ONU continúa documentando activamente las violaciones a los derechos fundamentales sobre el terreno, preparando el terreno para la presentación de su próximo informe oficial ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año.
