En un operativo ejecutado con total hermetismo y sin notificación previa a familiares ni abogados, las autoridades concretaron el traslado de los presos políticos que se encontraban recluidos en El Helicoide hacia diferentes centros penitenciarios de Caracas, Miranda y Carabobo. La información fue confirmada este jueves por Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.
La movilización, que ha generado profunda zozobra entre los defensores de derechos humanos, se da bajo un absoluto silencio oficial sobre la lista definitiva y el estado de salud de los trasladados.
El mapa de las reclusiones: ¿A dónde fueron enviados?
A través de sus canales oficiales, Foro Penal logró precisar los primeros destinos de este desalojo carcelario:
- Dirigencia regional: Jackson Vera, reconocido dirigente político del estado Táchira, fue recluido en el centro penitenciario La Planta, ubicado en El Paraíso (Caracas).
- Presas políticas: La población femenina que permanecía en la sede del Sebin fue dividida y enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y al centro de reclusión Las Crisálidas, ambos en el estado Miranda.
- Distribución general: El resto de los privados de libertad por motivos políticos fue dispersado en los internados judiciales de El Rodeo, Yare y la cárcel de Tocuyito (Carabobo).
«Ayer trasladaron a presos de El Helicoide a otros centros de reclusión… de manera inconsulta», alertó Romero a través de la plataforma X, abriendo el debate sobre la vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso.
En el ojo del huracán internacional
Este sorpresivo movimiento de reclusos no parece casual. Ocurre apenas horas después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mencionara públicamente el eventual cierre de El Helicoide.
La imponente estructura geométrica de la década de 1950, diseñada originalmente para ser el centro comercial más moderno de América Latina, terminó convertida en la base de operaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Por décadas, activistas globales y la Misión Internacional Independiente de la ONU han documentado casos sistemáticos de torturas y detenciones arbitrarias entre sus muros, señalamientos que el Gobierno venezolano siempre ha catalogado como parte de una campaña internacional en su contra. El desalojo total del recinto abre una nueva interrogante sobre el destino de la edificación y el estatus judicial de los afectados.
