El Gobierno de Colombia activó un despliegue masivo de 408.000 funcionarios de la Fuerza Pública en vísperas de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. La movilización militar de emergencia se ordenó tras confirmarse la muerte de al menos 48 guerrilleros en la selva amazónica, un saldo letal derivado de cruentos enfrentamientos armados entre las facciones disidentes de las extintas FARC comandadas por alias «Iván Mordisco» y alias «Calarcá». El masivo operativo de seguridad busca blindar los centros de votación en medio de una de las peores olas de violencia rural registradas en los últimos años, agudizada por la disputa territorial de las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
El epicentro de la crisis se localiza en una zona remota del departamento del Guaviare, a unas seis horas de la capital regional. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, detalló que las decenas de cuerpos quedaron acumulados y expuestos en la comunidad rural, a la espera de que los grupos armados al margen de la ley den garantías de seguridad para el ingreso de las comisiones de rescate forense y humanitario. Las autoridades locales precisaron que el acceso terrestre inmediato es sumamente complejo debido al riesgo latente por la presencia de minas antipersona sembradas en el entorno.
El balance de las víctimas mortales fue estructurado inicialmente a partir de los testimonios de los propios habitantes de la comunidad civil, quienes quedaron atrapados en medio del fuego cruzado y difundieron videos en las redes sociales donde se evidenciaban las fuertes ráfagas de metralla. Ante este complejo panorama de orden público, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el despliegue institucional para custodiar la jornada democrática de la primera vuelta electoral incluirá el uso estratégico de aeronaves, buques, drones, sistemas tecnológicos antidrones y vehículos blindados.
El jefe de la cartera de Defensa reconoció públicamente que la organización de estos comicios presidenciales implica sortear graves riesgos democráticos estructurales. Sánchez señaló que los grupos disidentes que rompieron definitivamente con el acuerdo de paz firmado en el año 2016 se han apartado de cualquier tipo de ideología política, manteniendo como único objetivo el control de las economías criminales en bastiones históricos como el departamento del Guaviare, por lo que las fuerzas del Estado se mantendrán en máxima alerta para asegurar el ejercicio del voto.
