El reciente anuncio del Ejecutivo nacional sobre el inicio de un proceso de reestructuración de la deuda pública externa y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha devuelto al centro del debate el millonario costo de las políticas de estatización. Aunque las autoridades atribuyen las actuales dificultades financieras principalmente a las sanciones internacionales, un informe de Cedice Libertad revela que los compromisos derivados de las expropiaciones masivas representan un lastre que ya superaba los 30.000 millones de dólares hasta 2021, entre indemnizaciones pendientes, arbitrajes y fallos internacionales.
El documento, titulado “Costo e impacto de las expropiaciones: causas de un Estado patrimonialista”, señala que la consigna del “¡Exprópiese!” se convirtió en una política sistemática que afectó a sectores clave como alimentos, petróleo, telecomunicaciones, banca y turismo. Los datos gremiales recopilados son severos: mientras que Fedecámaras calculó cerca de 1.475 industrias intervenidas entre 2005 y 2011, el Ministerio de Agricultura reportó más de 2.340 predios rurales afectados, elevando los costos de los litigios internacionales a niveles críticos.
Esta agresiva ola de nacionalizaciones convirtió a Venezuela en uno de los países con mayor cantidad de litigios ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), sumando un total de 38 demandas internacionales. Entre los fallos más costosos en contra del Estado venezolano destacan las condenas a favor de las transnacionales petroleras ConocoPhillips y ExxonMobil, además del emblemático caso de Agroisleña —transformada en Agropatria—, donde el Ciadi condenó al país en 2022 a pagar 1.629 millones de dólares al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
Además de la insostenible carga financiera, el balance de Cedice destaca el colapso operativo y la dramática caída de producción en las empresas estatizadas. El análisis cita como ejemplo a la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), cuya producción de acero líquido se desplomó de 4,3 millones de toneladas métricas anuales antes de su reestatización a apenas 1,5 millones de toneladas años después; un patrón de quiebra y parálisis que se repite en cementeras, centrales azucareros e Invepal. Pese a este adverso panorama, el informe concluye que el Ejecutivo busca ahora un «alivio sustancial» mediante cooperaciones técnicas con el Banco Mundial y peticiones de financiamiento al FMI.
