El costo de la vida no da tregua a los hogares venezolanos. Durante el mes de abril, la canasta alimentaria familiar para un hogar de cinco personas escaló hasta los 730,59 dólares, lo que representa un incremento del 5,5% en comparación con marzo, según el último reporte del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Esta escalada en los precios coincide con una inflación mensual del 10,6% en abril, elevando la inflación acumulada en lo que va de año a un preocupante 90%. El encarecimiento de los productos básicos ensancha drásticamente la brecha entre los ingresos de los trabajadores y el acceso real a la alimentación.
La brecha del ingreso frente al costo de la comida
El reporte del Cendas-FVM evidencia la pérdida del poder adquisitivo al contrastar el costo de la cesta con los ingresos actuales:
- Salario mínimo: Congelado en 130 bolívares desde 2022, apenas tiene la capacidad de cubrir el 0,03% del costo total de los alimentos básicos.
- Ingreso mínimo integral: La bonificación de 240 dólares impulsada por el Ejecutivo solo alcanza para costear el 32,8% de la canasta.
- Pensión mínima: Ubicada en 70 dólares, limita a los adultos mayores a adquirir apenas el 29,17% de la carga alimentaria requerida para subsistir.
Para mantener la misma mesa que el mes anterior, una familia necesitó desembolsar 38,27 dólares adicionales en solo 30 días.
Gastos extra: El presupuesto se diluye en agua potable
A la severa crisis nutricional se le suma un gasto obligatorio que golpea silenciosamente el bolsillo de los ciudadanos. Ante las constantes denuncias de expertos y organizaciones no gubernamentales sobre la falta de potabilidad del agua que llega por tuberías, los hogares venezolanos deben destinar un promedio de 13,33 dólares mensuales exclusivamente a la compra de agua embotellada para el consumo de la familia.
Mientras tanto, la política gubernamental de indexar bonos sin incidencia salarial legal sigue bajo el rotundo rechazo de los sectores sindicales, quienes exigen el cumplimiento del derecho constitucional a un salario digno que cubra las necesidades básicas.
