La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró este miércoles una audiencia pública crucial sobre el caso «Chirino Salamanca y otros vs. Venezuela». Durante la jornada, se revelaron testimonios que exponen cómo el Estado venezolano utilizó el sistema de justicia y los cuerpos de inteligencia para ejecutar detenciones arbitrarias, ignorar boletas de excarcelación y aplicar torturas sistemáticas contra 14 funcionarios de la Policía de Chacao en el año 2016.
El excomisario Fred Mavares, quien rindió testimonio de forma virtual desde el exilio en Alemania, relató que las detenciones no fueron producto de una investigación técnica por el asesinato del periodista Ricardo Durán, sino una respuesta política. Mavares denunció que, tras presentarse voluntariamente ante el CICPC, un funcionario seleccionó a los 14 detenidos «al azar» simplemente para cumplir con la cuota de aprehensiones anunciada previamente por el Ejecutivo nacional, incluyendo a oficiales que ni siquiera estaban de servicio el día del suceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó que, aunque un tribunal ordenó la libertad plena de los agentes el 8 de agosto de 2016 por falta de pruebas, el SEBIN se negó a ejecutar las órdenes judiciales. Este desacato mantuvo a los funcionarios en un «limbo jurídico» en El Helicoide durante periodos que se extendieron hasta por dos años, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas y psicológicas destinadas a extraer confesiones forzadas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Estado venezolano no envió representación a la audiencia, dejando vacíos los asientos de la defensa ante el tribunal interamericano. Los representantes de las víctimas, agrupados en la organización Defiende Venezuela, subrayaron que este caso es un ejemplo emblemático de la impunidad y la violación de los proyectos de vida de funcionarios que hoy se encuentran refugiados en otros países tras ser víctimas del propio sistema que debían integrar.
