El descontento laboral persiste en el estado Lara tras los anuncios del pasado primero de mayo. Orlando Chirinos, presidente de Fetracemento, denunció que el salario base se mantiene congelado desde hace más de mil días, una situación que viola los preceptos constitucionales. Según el dirigente, los nuevos montos de bonificación (240 dólares para activos y 70 para pensionados) no representan una mejora real frente a la inflación y la dolarización de los servicios básicos.
La situación es especialmente alarmante para los pensionados y afiliados al IVSS. Francisco Carmona, representante del sector, alertó sobre los casos de desnutrición y la falta de atención médica que enfrentan los adultos mayores. Chirinos también cuestionó la falta de transparencia en la administración de los tributos empresariales destinados a este grupo, criticando que los recursos sean gestionados por el Seniat en lugar del Seguro Social.
Por otro lado, el sector académico y profesional reporta un escenario de incertidumbre. Déborah Velásquez, presidenta de Apucla, señaló que tras el anuncio del aumento se han registrado pagos irregulares y desiguales, donde incluso profesionales con doctorados quedaron excluidos de ciertas bonificaciones. Además, subrayó que aún no existe una fecha precisa para la publicación de las nuevas tablas salariales, lo que genera escepticismo entre los trabajadores universitarios.
Finalmente, los gremios criticaron la falta de representación real en las mesas de negociación laboral y la influencia de partidos políticos en las movilizaciones del 1 de mayo. Ante lo que califican como un «proceso administrativo desordenado», los líderes sindicales ratificaron su compromiso de mantener una agenda de protesta activa y resistencia organizada para exigir la protección de las prestaciones sociales y un salario digno.
