El pasado 11 de noviembre, en las instalaciones del Instituto Diocesano, se registró un grave episodio de violencia escolar que involucra a dos estudiantes de quinto año, identificadas como A. (víctima) y J. A. (agresora), ambas menores de edad.
El hecho se originó a raíz de la pérdida de un cargador propiedad de J. A. y unos audífonos pertenecientes a A.. Aunque la afectada accedió a cubrir el costo del cargador y acordó entregarlo el lunes de la semana siguiente, la agresora insistió en reclamarlo de manera reiterada.
Según el relato de la familia de la víctima, durante la jornada del 11 de noviembre J. A. volvió a confrontar a A. dentro del aula y, sin mediar mayor discusión, la atacó físicamente, propinándole cuatro golpes directos al rostro. La agresión ocasionó ocho lesiones visibles en las áreas de los ojos, la nariz y la boca, además de romper los lentes que la estudiante utiliza de forma permanente. La falta de estos le ha generado dolores de cabeza persistentes desde el día del incidente.
Ante la gravedad de las lesiones, este 14 de noviembre a A. se le está realizando un TAC craneal para determinar la existencia de daños internos.
El ataque ocurrió durante el horario de clases y con una docente presente. Tras el incidente, ambas estudiantes fueron remitidas a la psicopedagoga del plantel, donde J. A. declaró como único motivo de su conducta: “Porque me ignoró”.
De acuerdo con la información suministrada por la familia afectada, la agresora fue retirada inmediatamente del colegio por sus representantes. Asimismo, aseguran que el CICPC ha intentado localizar tanto a J. A. como a sus padres para tomarles declaración; sin embargo, no han logrado ubicarlos, presuntamente porque estos estarían evadiendo cualquier responsabilidad legal derivada del hecho.
La familia de la víctima también exhorta a las autoridades del Instituto Diocesano a pronunciarse formalmente sobre la situación, señalando que el centro educativo no ha brindado una respuesta institucional adecuada, no ha comunicado medidas disciplinarias ante lo ocurrido y, además, presuntamente colaboró con la familia de la agresora para facilitar su retiro del plantel, impidiendo la intervención inmediata de los organismos competentes.
Las investigaciones continúan en desarrollo por parte de las autoridades correspondientes.
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